La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) analizará el caso de las comunidades quilombolas de Alcântara, en el noreste de Brasil, que sufrieron expropiaciones hace décadas, según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«El tribunal dirimirá sobre la afectación a la propiedad colectiva de 152 comunidades, debido a la falta de emisión de títulos de propiedad de sus tierras, la instalación de una base aeroespacial sin la debida consulta y consentimiento previo, la expropiación de sus tierras y territorios, y la falta de recursos judiciales para remediarlo», afirmó la CIDH en un comunicado.
Los quilombolas, de ascendencia indígena y africana, reclaman unas 85.537 hectáreas de tierras ancestrales.
Brasil designa a la autoidentificación de estas personas descendientes de estos pueblos, a sus comunidades rurales, suburbanas y urbanas caracterizadas por la agricultura, a los movimientos políticos y territoriales detrás de su defensa e integración y a las manifestaciones culturales que tienen un fuerte vínculo con el pasado africano.
Historia del conflicto
En 1980 Brasil, gobernado entonces por una dictadura militar, declaró de «utilidad pública» 52.000 hectáreas del territorio habitado por 32 comunidades quilombolas.
Las expropió y reasentó a los habitantes para construir el Centro de Lanzamiento de Alcântara (CLA), con el fin de desarrollar un programa espacial nacional.
La Constitución de Brasil promulgada en 1988 determinó la existencia de territorios herederos de las comunidades afrodescendientes históricas y a personas identificadas como quilombolas como sus descendientes.
El 20 de noviembre de 1995 se realizó en Brasilia la Marcha Zumbi dos Palmares, conmemoración de los 300 años del asesinato del líder afrodescendiente líder del Quilombo dos Palmares.
La marcha concluyó en el congreso del país, donde se realizó una sesión solemne de reconocimiento de Zumbi dos Palmares, el primer acto oficial del gobierno brasileño en reconocimiento a ese personaje. Al final de la sesión se conformó un grupo de trabajo con la presidencia brasileña.
Las actividades incluyeron la realización del Primer Encuentro Nacional de Comunidades Rurales de Quilombos, al cual asistieron decenas de quilombolas de todo Brasil que acordaron conformar una coordinación nacional.
Ambos hechos constituyeron un punto de inflexión política en el movimiento de los quilombolas.
El siguiente año reunidos en Bom Jesus da Lapa, Bahía, representantes de más de 400 quilombos acordaron la constitución de la Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ).
En 2001 fue establecido el Decreto 3912/2001, que buscaba establecer los mecanismos jurídicos necesarios para dotar de títulos oficiales de las tierras históricamente quilombolas.
Dicho decreto establecía que para recibir los títulos las personas debían ocupar el mismo territorio y ser descendientes de las mismas personas que los ocupaban hasta el 13 de mayo de 1888, año en que fue abolida la esclavitud en Brasil mediante la Ley Áurea.
Ante la complejidad en la certeza de estas medidas y las críticas de las comunidades a ellas al invocar lo establecido en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en 2003 el entonces presidente Luz Inacio Lula da Silva formó un Grupo de Trabajo para revisarlas y realizar los cambios pertinentes que garantizaran realizar de manera expedita las titulaciones.
Derivado de este proceso se aprobó el Decreto 4887/2003, el cual establecía las bases operativas de la restitución de territorios por el Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, organismo público brasileño encargado de la identificación, delimitación, demarcación, desintrusión (proceso de desplazamiento de familias no quilombolas ocupantes de los territorios) y certificación de posesión de las tierras a las comunidades quilombolas.
Debido a diversos factores sociales, económicos y la tardanza de procesos burocráticos, así como procesos jurídicos resueltos a detenerlas, las restituciones de las tierras y la obtención de títulos de propiedad a las comunidades quilombolas han sido muy lentos y difíciles.
En 2018 organizaciones quilombolas y de la sociedad civil denunciaron que los crímenes contra activistas y habitantes de quilombos crecieron hasta 350% debido al racismo y como consecuencia de la defensa de sus territorios
La CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ante el pedido de los indígenas envió el caso a la Corte el pasado 5 de enero.
La comisión estima que el Estado brasileño tiene «obligaciones» con la propiedad tradicional de las comunidades quilombolas.
Tesis de «marco temporal»
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, apoya sin embargo la llamada tesis del «marco temporal», según la cual solo deben reconocerse como tierras ancestrales aquellas ocupadas por estos pueblos cuando se promulgó la Constitución en 1988.
«Las comunidades no reasentadas de Alcântara no cuentan con títulos de propiedad colectiva a pesar de las gestiones realizadas y las reasentadas fueron perjudicadas porque no se respetó el derecho a la propiedad (…) y a la consulta previa, ni se les otorgó una indemnización integral», detalló la CIDH.
En su informe, la comisión concluyó que «el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión y de asociación, a la protección a la familia, a la propiedad, a los derechos políticos, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y los derechos económicos, sociales y culturales de la Convención Americana».
La organización le recomendó al Gobierno de Brasil que «adopte medidas para la delimitación, demarcación, titulación completa del territorio ancestral y que se asegure de que las comunidades reasentadas puedan vivir según sus tradiciones en las tierras alternativas ocupadas actualmente».
Asimismo, la CIDH instó a «reparar integralmente las consecuencias de las violaciones declaradas».
El informe, por último, estimó que el modo de vida de las poblaciones se vio alterado porque no cuentan con acceso a una vivienda digna, las tierras alternativas son de mala calidad, el agua escasea y el deterioro medioambiental, en parte por la tala de árboles, afecta a la agricultura, la caza y la pesca.
